En España, la justicia ni reina ni gobierna

Hace poco, un amigo abogado me decía, que lo bueno y lo malo de la ley es que es interpretable, que no existe una visión única de ella y que, cada jurista,  puede adaptar esa interpretación en la dirección que mejor le convenga. Me decía esto  respondiendo a mi pregunta de, si en un estado de derecho, como se supone que es España, se pueden aplicar las leyes de distinta forma a unos ciudadanos con respecto a otros y lo decía, comentando lo curioso que me resultaba el caso de Cristina de Borbón y Grecia.

La respuesta de mi amigo, puede ser impecable desde el punto de vista de la realidad jurídica aplicable. Es cierto que las leyes son moldeables sin que para ello se les cambie una coma de su texto, tan solo se necesita unos ojos distintos y unos intereses determinados. Eso me ratifica en que, definitivamente, la ley y la justicia no son lo mismo con demasiada frecuencia. Me ratifica también en que, la democracia española, no tiene la suficiente altura como para salvar todos esos baches, agujeros negros e incongruencias, que hacen de la ley y de la Constitución en la cual se basa, papel mojado para la gran mayoría de la gente.

No es necesario ser docto en leyes, para darnos cuenta de que asistimos a una gran farsa. No podemos entender, que el fiscal Horrach actúe como defensor de la hermanísima, teniendo que actuar como acusación y cuestionando los argumentos del juez Castro, que asegura tener las suficientes pruebas como para sentar en el banquillo de los acusados a la esposa de Urdangarín, igual que lo harán con la esposa de Diego Torres, socio del cuñadísimo.

¿Cómo es posible que ambos juristas, los dos de reconocido prestigio, tengan visiones tan opuestas sobre la misma letra de la ley? ¿O no es la letra de la ley, sino la posición de privilegio del que goza Cristina de Borbón por su ascendencia Real?

Lo que se percibe y lo que indigna, es que todo es mentira. No somos iguales ante la ley, pero lo peor de todo, es que la ley ni siquiera sirve para nivelar las diferencias que se producen entre los individuos por razón de circunstancias injustas encadenadas. No, todo lo contrario. No se castiga más a quién más tiene y aprovecha su posición para saquear el dinero y los derechos de los más débiles. La impunidad ondea como una bandera en un barco pirata.

La hermana del rey sonríe a las cámaras y a los cabreados ciudadanos que gritan tras una valla fuertemente vigilada por un despliegue policial dispuesto a hinchar a porrazos a los indignados para defender la integridad física de la imputada. Pero en realidad no sonreía, se reía de todos nosotros. A pesar de tener una sólida y obligada formación intelectual, no recordaba nada, no tenía ninguna responsabilidad, firmaba por amor… pero malversaba a manos llenas el dinero del pueblo arropada por una legión de profesionales del chanchullo.

A día de hoy, Urdangarín y su esposa continúan disponiendo de pasaporte diplomático, entrando y saliendo del país como Pedro por su casa, e incluso estableciendo su residencia en el extranjero como si nada. A buena hora nos dejan a cualquiera de nosotros el pasaporte en el bolsillo si tuvieran sospecha de cualquier delito, aunque sea menor. En cambio, cuidado con la letra pequeña de lo que cualquier ciudadano o ciudadana pueda firmar en un documento, porque tenemos la obligación de responder con nuestros bienes o con nuestra vida, si no caemos en la cuenta de hacerlo, aunque seas un octogenario que confía en el simpático señor de la corbata, que te promete el cielo tras la mesa de su despacho en la sucursal bancaria y hasta te regala el bolígrafo.

En un estado de derecho en el que sus ciudadanos, sean quienes sean, no son iguales ante la ley, no es lícito llamarle democracia, en todo caso, anteponerle el prefijo “pseudo” (falso) para definir su régimen político. Un estado en donde la impunidad de una élite corrupta es la forma de funcionamiento normal y una justicia ciega, no para igualar a los ciudadanos, sino para ignorar su función de correctora de las desigualdades sociales, se establece como garantía de perpetuidad de la dominación de esa élite sobre el resto, no puede llamársele democracia sin burlar el espíritu de esa palabra.

A fecha de hoy, la monarquía española goza de completa impunidad ante cualquier acto ilícito o inmoral. El propio Juan Carlos I de Borbón Dos Sicilias, cuyos devaneos amorosos durante décadas, han sido vox pópuli dentro y fuera de España, sigue protegido  por la interpretación parcial y subjetiva de dos juezas, monárquicas con total seguridad, para no acceder a las pruebas de verificación de paternidad de dos presuntos hijos que llevan años reclamándolo: Albert Solá, nacido en 1956 en Barcelona e Ingrid Sartiau, nacida en 1966 en Bélgica. Ambos  se sometieron a una prueba genética que determinó su probabilidad de parentesco en un 91%.

Jueces para la Democracia interpreta de forma completamente diferente la ley con respecto a las juezas que denegaron a los presuntos hijos bastardos de Juan Carlos I, la posibilidad de verificar su paternidad, puesto que el artículo de la Constitución que le declara “irresponsable” de sus actos, se refiere a los de el ejercicio político, no a lo correspondiente a su vida personal.

Hecha la ley, hecha la trampa, se ha dicho siempre. Lo cierto es que, el empeño de algunos en que la Constitución hay que seguir dejándola en barbecho, sin cuestionar gran parte de un contenido que pudo servir hace 36 años pero no hoy, es dejar muy a las claras al lado de qué intereses se posicionan, que no es precisamente del lado del pueblo que les mantiene.

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